El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reiterado las reglas en torno a las prestaciones por desempleo, incluyendo un detalle que a menudo se pasa por alto: los beneficiarios deben justificar su asistencia a cualquier oferta de trabajo que se les haga. Si no lo hacen, podrían enfrentar la suspensión temporal o incluso permanente de sus prestaciones.
La Reglamentación Vigente
Según la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto 625/1985, los desempleados tienen ciertas obligaciones cuando solicitan prestaciones o subsidios. Una de ellas es responder a ofertas de empleo, presentarse a las entrevistas de trabajo y proporcionar pruebas de su asistencia dentro de los cinco días posteriores al evento. Las sanciones por incumplimiento varían desde la pérdida de un mes de prestación hasta la eliminación total de la ayuda en caso de múltiples infracciones.
Escala de Sanciones
El incumplimiento de esta norma se considera una infracción leve pero conlleva sanciones escalonadas:
- Pérdida de un mes de prestación la primera vez.
- Tres meses si se reincide una segunda vez.
- Seis meses para una tercera infracción.
- Extinción de la ayuda para una cuarta infracción en el plazo de 365 días.
Otras Obligaciones y Sanciones
Además de justificar la asistencia a las ofertas de trabajo, los beneficiarios también deben mantener su inscripción como demandantes de empleo y pueden ser citados a presentarse ante el SEPE o los servicios públicos de empleo autonómicos. No hacerlo también se considera una infracción leve.
También se requiere que los beneficiarios demuestren que están buscando activamente empleo y participando en acciones para aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo. El incumplimiento de estos requisitos también puede resultar en sanciones.
Notificación Electrónica
El SEPE ha aclarado que las citaciones o comunicaciones efectuadas por medios electrónicos son válidas. Por lo tanto, los beneficiarios deben asegurarse de proporcionar toda la información necesaria para recibir notificaciones electrónicas.
En resumen, aunque la norma pueda parecer estricta, tiene como objetivo asegurar que los beneficiarios de las prestaciones por desempleo estén activamente buscando reintegrarse al mercado laboral. El incumplimiento de estas reglas podría tener graves consecuencias en la vida de aquellos que dependen de estas ayudas económicas
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