Riesgos y consecuencias de pactar un despido para cobrar el paro

Cuando hay inestabilidad en el trabajo y la economía no va bien, tanto jefes como trabajadores intentan reducir daños. Algunas veces esto lleva a acuerdos para despedir a alguien, especialmente para que el empleado pueda cobrar el paro. Pero, ¿esto es legal y qué pasa si no lo es?

¿Qué es un Despido Pactado?

Un despido pactado se da cuando el jefe y  empleado llegan a un acuerdo mutuo para terminar la relación laboral. En teoría, esto podría permitir que el empleado acceda a las prestaciones por desempleo y que la empresa evite el costo de pagar una indemnización por despido.

La Legalidad en Juego

Según la legislación española, específicamente la Ley Orgánica 7/2012, pactar un despido con el objetivo de acceder a las prestaciones por desempleo es ilegal y se considera un delito contra la Seguridad Social. Esta práctica puede conllevar penas de prisión de hasta tres años tanto para el empleador como para el empleado.

Riesgos y Consecuencias

• Para la Empresa: Según el Real Decreto Legislativo 5/2000, las empresas que se involucren en esta práctica pueden enfrentar sanciones severas, que incluyen la obligación de pagar las retenciones correspondientes a las indemnizaciones realizadas y sanciones adicionales en caso de detección de fraude.
• Para el Empleado: Además de la posible pena de prisión, pactar un despido podría resultar en la extinción de la prestación por desempleo y en la obligación de devolver las cantidades ya cobradas. Además, el empleado podría perder el acceso a otras ayudas y subvenciones públicas.

¿Hay Alternativas Legales?

Es crucial señalar que mientras pactar un despido para cobrar el paro es ilegal, es completamente posible y legal negociar un acuerdo económico que mejore el finiquito del empleado. Sin embargo, esto no debe tener el objetivo de permitir que el empleado cobre prestaciones por desempleo tras una baja voluntaria.

Conclusión

Mientras que la idea de pactar un despido pueda sonar atractiva tanto para empleados como para empleadores, es esencial conocer las implicaciones legales que esto conlleva. En lugar de arriesgarse a penas de prisión y sanciones económicas, tanto empleadores como empleados deben buscar estrategias legales para navegar los retos del mercado laboral.

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